6 de diciembre de 2021 Comunicado de Prensa

30 años después, familiares reciben restos óseos de personas ejecutadas y desaparecidas en 1991 por militares en el Perú

  • Esta medida de reparación se cumple luego de que la Corte IDH en 2015 condenara a Perú por la tortura, ejecución y desaparición forzada de 15 víctimas de la comunidad campesina de Santa Bárbara. 

 

Lima/Washington, diciembre 3 de 2021. El Estado peruano realizó la entrega oficial de los certificados de defunción y restos fúnebres de las 15 víctimas ejecutadas de la Comunidad de Santa Bárbara, ubicada en la provincia de Huancavelica, Perú. La entrega se lleva a cabo en cumplimiento de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) en su sentencia de 1 de septiembre de 2015 que ordenó la determinación del paradero, identificación y entrega de los restos de las víctimas desaparecidas. 

En la referida sentencia, el máximo Tribunal regional de derechos humanos condenó al Estado de Perú por la tortura, ejecución y desaparición forzada de 15 víctimas de la comunidad en el marco de una operación militar ocurrida en 1991. La Corte IDH determinó que las víctimas fueron torturadas, ejecutadas y luego sus restos fueron dinamitados en la mina abandonada llamada “Misteriosa”.

En la ceremonia de restitución y entrega digna de restos óseos humanos “Comunidad Campesina Santa Bárbara” participaron los familliares de las víctimas desaparecidas, el abogado Milton Campos, la representante de las víctimas, Zoraida Avalos Rivera, el Fiscal de la Nación en representación del Ministerio Público y representantes de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en derechos humanos, interculturalidad y delitos de terrorismo, adscritas a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), miembros de la Delegación Regional del Comite Internacional de la Cruz Roja (CICR) para Perú, Ecuador y Bolivia, entre otros asistentes.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Paz y Esperanza y el abogado Milton Campos, quienes actuamos como representantes de las víctimas en el litigio del caso y en el proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia emitida, reconocemos que la realización de este acto es un importante avance en el proceso de reparación del daño causado a los familiares de las víctimas. Al respecto, recordamos que la Corte Interamericana ha reconocido que la determinación del paradero, identificación y entrega de los restos de las víctimas de desaparición forzada contribuye a aliviar el sufrimiento experimentado por los familiares a raíz de la incertidumbre por lo ocurrido a sus seres queridos. Además, les permite sepultarlo de acuerdo a sus creencias y tradiciones, cerrando de este modo el duelo que ha permanecido latente a través de los años. 

Durante la ceremonia, los familiares expresaron que de las siete medidas de reparación ordenadas al Estado, a la fecha solo dos han sido cumplidas: la publicación de la Sentencia y la entrega de restos, lograda el día de hoy. 

Zenon Osnayo, uno de los familiares de las víctimas de la masacre expresó su gratitud a las autoridades e instituciones por acompañarlos en este proceso de duelo y lucha por justicia. “Hay mucho que batallar, hay mucho que hacer todavía. Seguiremos exigiendo a las autoridades para que se cumpla a cabalidad las recomendaciones de la Corte interamericana de  derechos humanos. Ese es el anhelo y el deseo de todos los familiares. Solamente así encontraremos la paz”, señaló. 

La Corte IDH determinó que pese a ciertas condenas de altos mandos militares no se han concluido las investigaciones, aunque el Estado cuenta con información suficiente para identificar a los demás implicados. No se ha entregado el ganado ni pagado las indemnizaciones ordenadas,  y tampoco se ha brindado un tratamiento médico y psicológico adecuado y preferencial a los familiares.