Ante la Corte Interamericana sobrevivientes de la masacre de El Mozote exigen justicia a El Salvador

Guayaquil, Ecuador – 23 de abril de 2012. “Que haya justicia” fue la exigencia principal de Dorila Márquez a las autoridades del Estado salvadoreño. Ella fue una de las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que rindieron testimonio hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una audiencia pública celebrada en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas fueron representadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador (Tutela Legal) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los hechos del caso que permanecen hoy en la impunidad se remontan al 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, cuando cerca de mil habitantes de El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando, Jocote Amarillo y otras comunidades del municipio de Meanguera (departamento de Morazán) fueron asesinados por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el marco del conflicto armado interno en este país (1980-1992). Sus comunidades, incluyendo niños y niñas, fueron arrasadas y cientos de víctimas sobrevivientes debieron huir.

El Estado negó los hechos por décadas y muchas de las víctimas no los denunciaron “por miedo”, como lo relató ante el tribunal María del Rosario López Sánchez, vecina en aquel momento de La Joya. Ella perdió a 22 familiares en la masacre y debió huir a los cerros vecinos, donde, por temor, vivió oculta durante seis años.

Para la perita Sol Yáñez, doctora en psicología social por la Universidad del País Vasco, después de 30 años de ocurridos los hechos, el trauma se ha cristalizado, no sólo por los crímenes, sino también por la manera atroz en la que fueron cometidos, la culpabilización de las víctimas y la falta de justicia. Yáñez urgió la implementación de un Programa de Atención Psicosocial como parte de una política integral de reparación, que contemple medidas específicas para reconstruir el tejido social. «Parte de la violencia [actual] en El Salvador tiene que ver con lo no resuelto [del pasado]» insistió.

Por su parte, el perito Salvador Méndez Leal, procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, responsabilizó a la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993, como el principal instrumento legal que perpetua la impunidad de los crímenes.

Aunque en enero de 2012, el Presidente de la República Mauricio Funes haya aceptado públicamente la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos, Tutela Legal y CEJIL manifestaron la necesidad de adecuar la legislación interna con los parámetros internacionales, especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para poder investigar, procesar y sancionar a  los responsables de esta masacre y  de las múltiples violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.

Ficha de prensa sobre el caso.