Audiencia de la Corte Interamericana juzgará responsabilidad del Estado brasileño por la impunidad de la tortura y ejecución sufrida por Vladimir Herzog

Rio de Janeiro, 16 de mayo del 2017.- La audiencia pública del caso Vladimir Herzog vs. Brasil, que tramita la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OEA), será realizada el 24 de mayo en la ciudad de San José, Costa Rica, sede de la Corte. El caso de tortura y ejecución del periodista Vladimir Herzog, cometidos el 24 de octubre de 1975 por agentes de la dictadura militar en las dependencias del DOI-CODI de São Paulo, permanece en la impunidad hasta el día de hoy.

La audiencia se transmitirá en vivo: www. corteidh.or.cr y comenzará a las 09.00 horas.

Vladimir Herzog fue un periodista que fue torturado y asesinado por la dictadura militar el 25 de octubre de 1975. La ejecución de Herzog, presentada como suicidio por el régimen militar, impulsó una reacción de indignación por la falsa versión de suicidio presentada por el régimen militar para justificar la muerte bajo la tutela del estado cuando el periodista se presentó tras ser intimidado a dar una declaración. El asesinato de Vladimir Herzog marcó la historia brasileña por su papel en la dinámica de la redemocratización del país. No hay duda de que su ejecución no sólo chocó la sociedad, pero fue una tragedia personal para su esposa Clarice y sus hijos Ivo y Andrés, así como para cientos de amigos y periodistas que fueron privados de la convivencia y de su inteligencia y talento.La tramitación del caso Vladimir Herzog es emblemática por la gravedad de las violaciones perpetradas —tortura y ejecución, respectivamente—, que implican otro ejemplo de la omisión del Estado brasileño en la realización de justicia para los crímenes cometidos por agentes públicos y privados en la dictadura militar (1964 -1985).

El caso Herzog vs. Brasil, propiciará una nueva oportunidad para que el país enfrente los obstáculos para la realización de justicia de los crímenes cometidos por la dictadura militar y su legado, particularmente la impunidad en los casos de tortura, perpetrada por agentes públicos.

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