CEJIL se suma al rechazo por el estado de sitio en Guatemala

Reproducimos el comunicado a continuación

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS RECHAZAN EL ESTADO DE SITIO EN GUATEMALA

El día 4 de septiembre del 2019 el Presidente Jimmy Morales presentó un Acuerdo Gubernativo ante el Congreso Nacional requiriendo suspender los derechos fundamentales de los habitante de 22 municipios de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Izabal y Petén, mediante el decreto de un estado de sitio de 30 días, lo cual fue ratificado por el Congreso Nacional el día 7 de septiembre. El estado de sitio se propone ante un trágico evento ocurrido el día 3 de septiembre del 2019 en el municipio de El Estor, departamento de Izabal. Según declaraciones del Ministro de Defensa, durante la interdicción de un cargamento de narcóticos, tres soldados perdieron la vida por disparos.

Entre el lenguaje de la ley aparece la afirmación que en el área nor-oriente de Guatemala, “han proliferado grupos insurgentes que se han vinculado con el narcotráfico.” El mismo Presidente Morales, en conferencia de prensa, de manera irresponsable y sin referirse a prueba alguna, atribuyó los hechos violentos del 3 de septiembre a “pseudo defensores de los derechos humanos y pseudo campesinos.”

Estas afirmaciones son sumamente preocupantes en un país donde hace menos de cuatro décadas la falsa acusación de ser insurgente fue pretexto suficiente para que el ejército de Guatemala llevará a cabo cientos de masacres y actos de genocidio contra la población indígena, crímenes que aún siguen impunes. Durante la última década han abundado acusaciones que defensores en esta región participan en grupos armados. Aunque ninguna investigación jurídica o periodística ha sustentado las acusaciones con evidencia, estas han servido para justificar impunidad por actos de violencia en contra de defensores de derechos humanos, como ocurrió en el caso del asesinato del profesor Q’eqchi Adolfo Ich Chamán.

Como organizaciones de derechos humanos comprometidas a promover la independencia y las capacidades técnicas de los sistemas de justicia, estamos pendientes de los avances en la investigación y el esclarecimiento de los hechos. El narcotráfico es una actividad que afecta de forma marcada y negativa la vida de las comunidades en El Estor, a tal grado que las redes y familias involucradas en estas actividades son ampliamente conocidas en la región y a nivel nacional. No son campesinos ni defensores de derechos humanos. Tampoco han estado asociados a iniciativas insurgentes, ya que como explicó el Comisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el pasado 3 de septiembre, las redes de narcotráfico prefieren ejercer altos grados de incidencia dentro de las estructuras del Estado; la captura del Estado a través de la cooptación de instituciones. Por este medio, realizan toda clase de acciones ilícitas, entre ellas actos de violencia extrema, acaparamiento ilegal de tierras, y tráfico de sustancias ilegales, sin que sean sancionadas o limitadas por el aparato estatal.

Entre las acciones anunciados por el Ministerio de Defensa en el marco del estado de sitio figuran desalojos y la ejecución de órdenes de captura pendientes. En esta región existen decenas de comunidades indígenas con órdenes de desalojo y cientos de defensores con órdenes de captura. Como fue claramente demostrado en el caso de Abelino Chub Caal y la comunidad de Plan Grande estas comunidades y defensores no tienen acceso a debido proceso que les permite defender derechos legítimos. Es preocupante que esta realidad se agrava en el contexto del estado de sitio.

El contexto de El Estor es especialmente preocupante. El día 18 de julio del 2019, la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución en la cual ordena la suspensión de las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, forma provisional, como medida para proteger los derechos de comunidades indígenas Maya Q’eqchi. En las últimos meses, las autoridades indígenas y defensores de derechos humanos de El Estor han recibido fuertes presiones, entre ellas amenazas directas, intentos de sobornos, asesinatos de familiares en circunstancias no esclarecidas, y campañas de desprestigio.

Tanto el estado de sitio como las declaraciones del presidente Morales y declaraciones parecidas del presidente elegido Alejandro Giammattei, contribuyen a la vulneración de los derechos de los defensores de derechos humanos y el medio ambiente en el área comprendida en el estado de sitio. Instamos a la comunidad internacional investigar las condiciones en el nor-oriente de Guatemala, y comunicar enfáticamente al gobierno de Guatemala alta preocupación por el bienestar de la población afectada, especialmente las comunidades indígenas Q’eqchi y Poqomchi.

Viernes, 13 de septiembre de 2019