27 de agosto de 2009 Comunicado de Prensa

Comisión Interamericana de derechos humanos evalúa política de deportación obligatoria de Estados Unidos

Washington D.C.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el estudio jurídico Gibbs, Houston Pauw sostuvieron el día de hoy una audiencia de fondo en el caso Smith y Armendáriz vs. Estado Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este caso es un ejemplo de las violaciones de derechos humanos que se dan en la práctica estadounidense de deportación obligatoria, un régimen legal establecido en 1996.

Los peticionarios señalaron en la audiencia que la política migratoria estadounidense viola los derechos a la protección judicial y un debido proceso y la unidad familiar y las protecciones que se deben proporcionar a los niños, incluidos en la Declaración Americana, lo cual es rechazado por el Estado. El gobierno estadounidense indicó que no existen obligaciones jurídicas en este caso y que las presuntas víctimas no agotaron los recursos internos.

Smith y Armendáriz, eran residentes permanentes de los EEUU, contribuyentes en sus comunidades y con familias e hijos que dependían de ellos, sin embargo fueron deportados obligatoriamente por crímenes menores de drogas. No se les permitió presentar apelaciones ante un tribunal de justicia. El trinitario Smith fue deportado en 1998 y Armendáriz, de origen mexicano, fue deportado en el 2005.

Previo al año 1996, los residentes permanentes condenados por delitos que dan lugar a la deportación, como los peticionarios en el caso, tenían la posibilidad de recurrir a una especie de recurso de amparo conocido como «la renuncia 212(c)»; argumentando que factores como lazos familiares, tiempo de permanencia, historia laboral, participación en la comunidad y el servicio militar, constituían una razón para amparar la deportación. A partir de ese año, la renuncia 212(c) fue remplazada por un mandato para deportar residentes permanentes inmediatamente.

Según un informe recién publicado de Amnistía Internacional, en una década, el gobierno estadounidense ha realizado más de 600 mil deportaciones obligatorias, muchas de ellas de residentes permanentes, personas que han vivido un promedio de 15 años en los EEUU. La deportación obligatoria de inmigrantes sentenciados por un crimen, incluso un delito menor, ha separado a 1.6 millones de niñas, niños y parejas –incluyendo ciudadanos y residentes legales- de sus familiares no ciudadanos, señaló el informe.

Los peticionarios solicitaron a la Comisión reformar el régimen actual de deportaciones bajo los estándares internacionales de derechos humanos, así como adoptar una vía para reparar los daños causados a miles de personas y sus familias afectadas por el régimen actual.

La audiencia se desarrolla dentro del marco de una reforma migratoria en los Estados Unidos, que ha generado un extenso debate político. Recientemente se ha impulsado en el congreso una iniciativa que permitiría que los jueces de inmigración tomen en cuenta el interés de los niños estadounidenses durante las audiencias de deportación. Sin embargo, hay señalamientos de que esta ley no protegería las relaciones conyugales, ni otros vínculos que los inmigrantes tienen en Estados Unidos, como una residencia legal prolongada o el servicio en las fuerzas armadas del país.

 

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Nancy Marín Espinoza

 

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