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19 de diciembre de 2018 Comunicado de Prensa

Condenamos enérgicamente expulsión del MESENI y el GIEI de Nicaragua

San José, 19 de diciembre de 2018.- El día de hoy, el gobierno de Nicaragua notificó su decisión de expulsar de manera inmediata del país al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Esta decisión se concreta un día antes de que el grupo de especialistas presentase su informe final sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en el marco de la crisis democrática vigente.

El Grupo Interdisciplinario, integrado por los y las expertas Amérigo Incalcaterra, Sofía Macher, Claudia Paz y Paz y Pablo Parenti, se instaló en el país desde el 1 de julio del presente año con el fin de coadyuvar y apoyar las investigaciones para identificar a las responsabilidades materiales e intelectuales de los hechos documentados. Por su parte el MESENI llegó el 24 de junio para dar seguimiento a las recomendaciones que habían sido dadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptadas por el Estado nicaragüense.

Durante estos meses, tanto el GIEI como el MESENI enfrentaron a un Estado que obstaculizó y boicoteó el ejercicio de su labor, al cerrar todos los espacios de diálogo y monitoreo, negandoles el acceso a información imprescindible para cumplir con sus mandatos.

Esta acción se da en el marco de un recrudecimiento de la violencia, la represión y la persecución perpetradas en la últimas semanas por el gobierno de Nicaragua en contra de numerosos sectores de la sociedad civil.

Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenamos enérgicamente la decisión del Estado de Nicaragua de expulsar al GIEI y al MESENI. Ésta es una prueba más de un Estado que ha socavado las bases democráticas y transgredido todo límite de cara a sus obligaciones en materia de derechos humanos.

No obstante, reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por un retorno a la democracia y sentar las bases para que se reconozca el derecho de las víctimas de esta crisis de conseguir verdad, justicia y reparación.