Corte IDH ordena supervisión reforzada sobre investigación penal en el caso de El Mozote

• La Corte IDH manifiesta su preocupación por el impacto dilatorio que ha tenido en la investigación penal el cese en las funciones del juez de la causa, como consecuencia de la reforma a la Ley de Carrera Judicial.

San José, Costa Rica, 22 de diciembre de 2021- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en el caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños en la cual expresa su preocupación por la ausencia de avances en las investigaciones penales por los hechos.

En la resolución, aprobada el 25 de noviembre pasado y notificada el día de hoy, la Corte IDH “observa con extrema preocupación que [….], la causa estaría totalmente paralizada desde abril de 2021. Esto ya que, a partir de esa fecha, fueron interpuestos una serie de recursos por la defensa de los acusados e, incluso, algunos por la propia fiscalía […], cuyo efecto habría sido dilatorio de la investigación”.

De igual manera, el más alto Tribunal de derechos humanos de la región, constata que “las autoridades estatales han mantenido la posición de negativa y falta de colaboración para brindar información relevante para la investigación del caso, impidiendo que el juez de la causa llevara a cabo las inspecciones ordenadas en el marco de dicho proceso”.

También sobre los obstáculos para cumplir con el deber de investigar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables, la Corte hace notar su preocupación por la reforma a la Ley de Carrera Judicial, señalando “su preocupación por el impacto negativo que tuvo en este caso emblemático, ya que ocasionó el cese en el ejercicio de las funciones del juez penal a cargo, con la consecuente demora que puede causar en la conclusión de esta etapa del proceso el hecho de que una nueva jueza haya sido designada en el cargo, dada la complejidad y el volumen del expediente”.

Por otra parte, sobre la medida de reparación relativa a exhumaciones, identificación y entrega de los restos de las víctimas, la Corte “considera preocupante que hayan transcurrido hasta cinco años sin que el Estado haya efectuado los análisis necesarios para concluir el proceso de identificación de restos recuperados en los años 2016 y 2019, con el impacto negativo que tal espera e incertidumbre puede generar en sus familiares” y destaca que es “urgente que el Estado fije como una prioridad inmediata la conclusión del proceso de identificación de tales restos, y que mantenga una adecuada comunicación con los familiares y sus representantes”.

Finalmente, por el tiempo transcurrido desde las masacres y ante el hecho de que se sigue obstaculizando la investigación, la Corte “considera necesaria la adopción de medidas por parte del Estado de forma inmediata”, e indica que corresponde realizar una supervisión reforzada respecto de la medida de reparación de investigación de los hechos, mediante un seguimiento constante sobre su cumplimiento. Para ello, solicitará al Estado remitir informes periódicos cada tres meses, mientras subsista la situación”. Sobre las otras medidas de reparación que se encuentran pendientes de cumplimiento, el Tribunal indica que las retomará en una posterior resolución.

La sentencia en el caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños fue emitida en octubre de 2012 y en ella se encontró al Estado de El Salvador como responsable internacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos. En estas masacres murieron más de mil personas, entre ellas niñas y niños. Este es el caso de asesinato masivo más grande que ha sido juzgado en la región y el único de los correspondientes al conflicto armado salvadoreño que se encuentra abierto en el sistema penal nacional.