6 de noviembre de 2009 Comunicado de Prensa

Denuncian violaciones al derecho a la libertad de expresión, participación y reunión en Nicaragua

Washington D.C., 3 de noviembre de 2009

 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de desprotección en que se encuentra un sector de la población nicaragüense debido a la instrumentalización del Poder Electoral y Judicial para fines político – partidistas. En Nicaragua las personas que expresan opiniones distintas a las del gobierno son amenazadas, agredidas y perseguidas.

 

La señora Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH declaró que la reciente resolución de la Sala Constitucional que permite la reelección del Presidente Ortega y de algunos alcaldes sandinistas es inconstitucional y afecta el derecho a la participación política y el sistema democrático nicaragüense.

 

Esta situación provocó molestia entre algunos sectores los cuales se manifestaron contra la decisión con lo cual se dio un recrudecimiento de actos represivos y agresiones contra defensores y defensoras críticos del actual gobierno. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Leonor Martínez, miembro de la Coalición de Jóvenes Nicaragüenses, quien fue víctima de agresiones por parte de grupos de choque paraestatales luego de participar en una reunión de la Coordinadora Civil, el pasado 22 de octubre. A Leonor, tres hombres que viajaban en una camioneta con la bandera de FSLN, le fracturaron el húmero, le apuntaron con una pistola y amenazaron de muerte a ella y su familia.

 

Asimismo, se denunciaron uno de los ataques más recientes dirigido contra la defensora de derechos humanos, Patricia Orozco, quien fue golpeada por agentes policiales, el pasado 30 de octubre.

 

A estos hechos le anteceden varias agresiones por parte de grupos paraestatales contra manifestantes o participantes de eventos de organizaciones o agrupaciones que se oponen a algunas políticas del actual gobierno sandinista. Por ejemplo, la agresión ocurrida en agosto pasado contra el periodista Mario Sánchez Paz, comunicador de la Coordinadora Civil quien resultó herido junto con varias personas que asistían a un evento de dicha organización. A esto se le suman las agresiones cometidas en León contra jóvenes del Movimiento Renovador Sandinista

 

Las organizaciones que participaron en la audiencia denunciaron la pasividad con que actúa la policía ante este tipo de hechos y la impunidad que impera en Nicaragua respecto de los mismos.

 

Por otra parte, las organizaciones destacaron la situación de los Partidos Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Partido Conservador (PC), a quienes se les excluyó arbitrariamente de participar en las elecciones municipales del 2008 y cuyos recursos no han sido resueltos por el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral. Esta situación violenta el derecho de elegir y ser elegido, protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

En cuanto al tema de la libertad de expresión se informó a la CIDH sobre la destrucción física de equipo perteneciente a varias radios como Radio Darío, Caricias y Metro Estéreo, en la ciudad de León, por parte de elementos de choque paraestatales fuertemente armados. Además, denunciaron las interferencias en las radios 15 de Septiembre y Corporación, las cuales finalizaron por intervención del CENIDH y solo después de la celebración de las elecciones municipales del 2008. También se refirieron al cierre de Radio La Ley y señalaron el decomiso ilegal de sus equipos.

 

En la audiencia ante la CIDH se señalaron los constantes requerimientos a los medios de comunicación por parte del Estado para transmitir mensajes en radio y televisión que inclusive son usados para informar sobre eventos partidarios.

 

Finalmente otra forma de limitar la libertad de expresión es mediante acusaciones judiciales por delitos de injurias y calumnias contra periodistas que informan sobre irregularidades que involucran a funcionarios públicos del actual gobierno; tal y como le ocurrió a la periodista María Mercedes Urbina, quien denunció a autoridades municipales de Nagarote por corrupción y posteriormente fue demandada por eso. Ante la inminente imposición de una multa, la periodista optó por pedir perdón.

 

Los peticionarios solicitaron a la CIDH que el Relator del país y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, visiten Nicaragua. Ante esto los Comisionados le reiteraron la solicitud al Estado para que invite a la Comisión a visitar el país y establezca una fecha concreta. Los representantes del Estado, como lo han hecho en otras ocasiones, respondieron en forma evasiva señalando que debían consultar cuál sería el momento propicio para que la CIDH visite Nicaragua.

 

El CENIDH, CEJIL y la FIDH esperan que el Estado de Nicaragua garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la participación política y a la libre manifestación y se abstenga de propiciar conductas ilegítimas para restringir estos derechos. Además le exhortan a invitar de manera pronta a la Comisión Interamericana a realizar una visita a Nicaragua para que constate la situación de derechos humanos en el país.

 

La audiencia puede ser vista en el siguiente enlace: