4 de febrero de 2010 Comunicado de Prensa

El Gobierno reconoció la responsabilidad del Estado Argentino en la causa AMIA

4 de marzo de 2005

En la audiencia ante la CIDH asumió la falta de prevención e investigación del atentado a la AMIA y las maniobras de encubrimiento

En una emotiva audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el Estado argentino reconoció formalmente la responsabilidad internacional por la falta de prevención del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, por las graves y deliberadas irregularidades cometidas durante la investigación judicial, por la denegación de justicia y por las maniobras de encubrimiento tendientes a garantizar impunidad a los responsables materiales y políticos.

Frente a este amplio reconocimiento, los familiares de las víctimas se mostraron emocionados y afirmaron tener esperanzas en que, a partir de este gesto político, se pudieran concretar todas las medidas comprometidas por el Estado para garantizar el fin de la impunidad en este caso.

A pedido de Memoria Activa, la CIDH convocó en su sede de Washington a una audiencia a los representantes de Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y del Derecho Internacional (CEJIL) y del Estado para recibir información y escuchar el informe de la veeduría realizada por Claudio Grossman, ex presidente de la CIDH.

El reconocimiento de responsabilidad se basa en el contundente informe del veedor de la causa AMIA que asegura, en base a la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal el 29 de octubre de 2003, que el Estado argentino no adoptó las medidas necesarias tendientes a evitar un segundo atentado luego de lo ocurrido en la Embajada de Israel en 1992. Grossman también detalla las irregularidades cometidas durante la investigación penal de la causa que llevó adelante el hoy suspendido juez Juan José Galeano. En sus conclusiones, el informe sugiere una serie de medidas que debería adoptar el Estado para resolver el caso. Además recomienda a la CIDH declarar la admisibilidad formal de la petición presentada en 1999 por Memoria Activa, el CELS y CEJIL.

Durante la audiencia, también a partir del informe, los peticionarios solicitaron a la CIDH que declarara la admisibilidad del caso, y que, de no resolverse en esta instancia, sea sometido a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según expresó Diana Malamud “era el Estado el encargado de brindarnos protección y era la justicia la encargada de llegar a la verdad. En su lugar, sus funcionarios se dedicaron a armar una causa en connivencia con los gobiernos de turno”. Y agregó “el Estado argentino ha fracasado en su obligación de prevenir este tipo de hechos y de impartir justicia, y no se ha hecho cargo de su fracaso”.

Fue entonces cuando los representantes del Estado, en las figuras del actual responsable de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carrera y de la asesora del ministro de Justicia Horacio Rossati, Andrea Gualde, afirmaron que “El gobierno reconoce la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos humanos denunciados por los peticionarios en la petición presentada ante la CIDH: el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial” por haber incumplido su deber de prevenir y de investigar el atentado. Horacio Méndez Carrera señaló que “el gobierno argentino no es ajeno al dolor de los familiares y se compromete a dar un drástico cambio de rumbo a la investigación de este atentado.” Luego, Alejandro Rua, encargado de la Unidad Especial AMIA detalló cuáles fueron las pistas no profundizadas durante años, y cuáles son los funcionarios denunciados por él como responsables del encubrimiento. Al finalizar la presentación, Andrea Gualde expresó que el Estado adoptará una serie de medidas tendientes a fortalecer la investigación penal (dando más recursos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia, y a la Fiscalía Especial a cargo del Dr. Alberto Nisman), a revisar la legislación sobre el manejo de los fondos reservados de la SIDE, a promover los juicios políticos a los funcionarios judiciales que no investigaron y a impulsar el tratamiento de una ley general de reparaciones pecuniarias a favor de todos los familiares de las víctimas del atentado. Por eso, le pidieron a la Comisión que se suspendiera el tratamiento del caso hasta el próximo período de sesiones de octubre de este año y que se abra un proceso de solución amistosa entre las partes. Esta medida implica que el Estado tiene plazo hasta octubre próximo para cumplir con algunos de los compromisos asumidos en esta audiencia, y de lo contrario, la CIDH podría continuar con el trámite y eventualmente enviarlo a consideración de la Corte.

Los peticionarios expresaron que estaban de acuerdo en integrar una mesa de trabajo para discutir todas estas medidas propuestas por el gobierno, y solicitaron a la Comisión que supervisara este compromiso político expresado en la audiencia para que sea realmente efectivizado en los hechos. La CIDH se comprometió a volver a analizar el caso en el mes de octubre, para constatar si hubo o no avances.

Por los peticionarios, asistieron a la audiencia, Diana Wassner de Malamud, Adriana Reisfeld, Mirta Lipszyc, por Memoria Activa; Pablo Jacoby abogado de Memoria Activa, y Víctor Abramovich y Andrea Pochak , en representación de CELS y CEJIL respectivamente. Por el gobierno, estuvieron presentes Horacio Méndez Carreras, Representante Especial para los Derechos Humanos de la Cancillería, Alejandro Rúa, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y otros funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Para más información, comunicarse con Laura Itchart (Área de Comunicación) al 4334-4200 o al 155-638-3107.

 

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