El Salvador: propuesta de Ley de Reconciliación Nacional debe cumplir estándares internacionales y garantizar justicia a víctimas del Conflicto Armado

San José, 14 de mayo de 2019.- Ante el aviso realizado por la Asamblea Legislativa sobre el avance en la elaboración de una propuesta de Ley de Reconciliación Nacional, ahora a cargo de la Comisión Política, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos preocupación ante la posibilidad de que dicha iniciativa busque garantizar impunidad a las personas responsables de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado interno. 

Recordamos que el desarrollo de esta propuesta arrancó el año pasado a cargo de una Comisión Ad Hoc dentro de la Asamblea Legislativa. Posteriormente, durante el mes de febrero de este año, el diputado Rodolfo Parker presentó una propuesta de ley que incluyó entre sus objetivos perpetuar la impunidad de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (artículo 1), extendiéndola de manera expresa a crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad (artículo 2). 

Frente a la posibilidad de que la nueva iniciativa retome estos objetivos, abiertamente contrarios a las obligaciones internacionales del Estado de El Salvador, exigimos que la Asamblea Legislativa presente de manera pronta y transparente información sobre la propuesta que se pretende discutir en el pleno, con el fin de fiscalizar que ésta cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos con respecto al alcance de las amnistías.

Desde CEJIL reconocemos que la elaboración de una nueva Ley de Reconciliación Nacional fue ordenada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016; sin embargo, recordamos que la misma Sala dejó claro que la Asamblea Legislativa no puede emitir una ley que amnistíe graves violaciones de derechos humanos. 

Como indica la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), diversos tratados y decisiones han establecido que “las amnistías no son permitidas si impiden el enjuiciamiento de personas que puedan resultar penalmente responsables en relación a crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos”. 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido en diferentes sentencias, como la de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, que son inadmisibles las disposiciones de amnistía o de prescripción “que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas”.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a la Asamblea Legislativa a “abstenerse de aprobar iniciativas de esta naturaleza y a seguir avanzando en la investigación de estos graves crímenes, en la identificación de sus responsables y en la aplicación de las sanciones”.   

A la luz de estos estándares, desde CEJIL hacemos un llamado para que los y las diputadas actúen en consonancia con las obligaciones internacionales que el Estado de El Salvador ha suscrito de manera voluntaria y respete las resoluciones del Tribunal Interamericano. 

Adicionalmente, exigimos que la Asamblea Legislativa garantice un proceso realmente participativo, que incluya a organizaciones de sociedad civil, víctimas y familiares, con el fin de impulsar una nueva Ley de Reconciliación Nacional que realmente garantice el acceso de las víctimas del conflicto armado interno a la verdad y la justicia.