1 de octubre de 2014 Comunicado de Prensa

Estado ecuatoriano pide disculpas públicas por las violaciones al pueblo indígena Kichwa de Sarayaku

Washington D.C., 1 de octubre de 2014. El día de hoy, se llevó a cabo en el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku, un evento en el que representantes de alto nivel del Estado ecuatoriano pidieron disculpas al Pueblo por las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra, las cuales fueron constatadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 27 de junio de 2012.

El acto contó con una apertura cultural y ritual de los sabios y autoridades de Sarayaku, seguida de la intervención de la Ministra de Justicia del Ecuador, quien estuvo a cargo del pedido de disculpas públicas.

La Ministra reconoció la responsabilidad internacional del Ecuador por la violación a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, al derecho a la consulta, y por haber puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad de los miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku, además de haber vulnerado el derecho del Pueblo a las garantías y protección judicial.

La Ministra ratificó el “firme compromiso [del Estado] con la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, y de manera especial, con los derechos que asisten a los pueblos y comunidades indígenas de acuerdo con el derecho internacional y los tratados ratificados por nuestro país”.

Este acto constituye un hito para el Pueblo Kichwa de Sarayaku, en la lucha por la defensa de sus derechos colectivos. Además, el mismo da cumplimiento a una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en su sentencia.

Las violaciones en este caso se originaron en 1996, como consecuencia de la concesión por parte del Estado ecuatoriano de parte del territorio de Sarayaku a una empresa, para la realización de actividades de explotación petrolera, sin haber consultado previamente al Pueblo.

Pese a la negativa de Sarayaku, la empresa comenzó actividades de prospección entre los años 2002 y 2003, dejando aproximadamente 1433 kilogramos de explosivos en el territorio. Éstos permanecen en el terreno, poniendo en peligro la vida e integridad de los miembros de Sarayaku, como determinó la Corte en su sentencia. De manera adicional, la empresa destruyó y afectó sitios sagrados, cuevas, fuentes de agua, árboles y plantas de gran valor ambiental, cultural y de subsistencia alimentaria de Sarayaku.

La Corte Interamericana determinó que la falta de consulta en el caso afectó la identidad cultural de Sarayaku, por cuanto la destrucción de su patrimonio implicó una falta grave al respeto debido a su identidad social y cultural, costumbres, tradiciones, cosmovisión, y modo de vivir.

Finalmente, el Tribunal constató que hasta la emisión de la sentencia, el Ecuador no contaba con normas reglamentarias de armonización constitucional que permitieran la aplicación adecuada del derecho a la consulta previa. Por ello, la Corte ordenó al Estado que adoptara las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta de acuerdo a los estándares internacionales.

Pese a ello, hasta la fecha el Estado no ha tomado acciones para poner plenamente en marcha y hacer efectivo, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y tribales y modificar aquellas que impidan su pleno y libre ejercicio, para lo cual debe asegurarse la participación de las propias comunidades.

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, «el paso que hoy toma el Estado ecuatoriano es un hito para Sarayaku. Ahora es necesario que Ecuador adopte una ley que garantice el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de acuerdo a los estándares internacionales vigentes».

Por ello, el día de hoy, celebramos este momento histórico que marca la victoria del Pueblo Kichwa de Sarayaku en la defensa de sus derechos, e instamos al Estado del Ecuador a avanzar en el cumplimiento pleno de la sentencia de la Corte Interamericana y de manera especial, a garantizar que los pueblos indígenas sean consultados respecto a todos los asuntos que los afecten, de acuerdo a los parámetros internacionales aplicables.

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Daniela Araya

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