Honduras: Organizaciones pedimos garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos

Tegucigalpa, 4 de mayo de 2018.- Las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un rol vital en el respeto y la garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como en la existencia de la democracia y el fortalecimiento del Estado de derecho. 

 

Así, es responsabilidad del Estado de Honduras el mantener las condiciones necesarias para asegurar que las personas defensoras puedan ejercer su derecho de manera libre y segura.

 

Lamentablemente, en Honduras las personas defensoras son víctimas de asesinatos, estigmatización, criminalización, agresiones, impunidad, y otras violaciones. Incluso, para 2017, este era “históricamente el país más peligroso per cápita” para los defensores de la tierra y el medio ambiente, con un total de 127 asesinatos en la última década, según el informe “Políticas integrales de protección de personas defensores” emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Aunque reconocemos como un avance que en 2015 se aprobara la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, consideramos que esta no es suficiente para garantizar el derecho de defender derechos humanos. 

 

Sobre esta base, y a propósito de la visita del relator ONU para personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst al país, las organizaciones firmantes solicitamos que recomiende al Estado lo siguiente: 

 

Aprobar una política pública en torno a la protección integral para quienes defienden derechos humanos. Esto, en cumplimiento de la sentencia por el caso Carlos Luna, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2013. 

 

La construcción de esta política debe acoger las ideas y propuestas que emanan de distintos sectores, incluyendo la de las organizaciones que trabajan directamente con defensores y defensoras.  Como parte de la política se debe reconocer y legitimar públicamente el rol que los y las defensoras tienen en el fortalecimiento de la democracia.

 

Asimismo, solicitamos que se recomiende al Estado cumplir con la debida diligencia en la investigación de cualquier acto que presente un riesgo al ejercicio de este rol de defensa. Así, exigimos la aprobación de protocolos especializados en investigación sobre los delitos que afectan a defensores/as; que los análisis de riesgo consideren el análisis de contexto, de estructuras de poder y el ejercicio de la defensa de derechos humanos como primera línea de presunción de riesgo y que el Estado establezca políticas de persecución penal estratégicas. A la vez, se debe contar con una fiscalía especializada que tenga facultades suficientes para implementar lo anterior.

 

En relación con las medidas actuales que ofrece el Sistema Nacional de Protección a personas defensoras, pedimos al relator Forst que exhorte al Estado para que las medidas respondan a las necesidades de cada persona defensora, así como de las comunidades y pueblos indígenas, que se garantice el enfoque diferenciado y que se privilegie la prevención por encima de las medidas policiales.  

 

En Honduras, también se está usando el derecho penal para obstaculizar la labor de defensa, por ello, pedimos al relator Forst que comprometa al Estado hondureño a cesar en esta práctica y a crear las condiciones para que los operadores de justicia actúen con imparcialidad e independencia. 

 

Finalmente, pedimos que se recomiende garantizar una mayor participación en la toma de decisiones que nos afectan, en tal sentido hacemos nuestro el lema “nada se decide sobre nosotros/as sin nosotros/as”.

 

Las organizaciones firmantes agradecemos el constante interés y compromiso del relator Michel Forst en la protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores de derechos humanos y solicitamos que -una vez aprobado el informe-, pueda dar seguimiento a las recomendaciones dadas al Estado. 

 

Suscriben este pronunciamiento:

 

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Coalición contra la Impunidad, compuesta por 58 organizaciones hondureñas

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas

Red de Mujeres Defensoras de Ojojona

Red Lésbica Cattrachas

 

Otras organizaciones que apoyan: 

 

Colectivo Ansur

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

DIAKONIA Honduras

Front Line Defenders

Hivos
JASS- Asociadas por lo justo

Plataforma Internacional contra la Impunidad
Protection International