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Impunidad, desigualdad y autoritarismo impiden consolidar paz y democracia en Guatemala
Washington D.C, 19 de diciembre de 2010
Construir la democracia y proteger los derechos humanos ha sido imposible en Guatemala tras la firma de los acuerdos de paz de 1996, debido a la debilidad del Estado, la escasa recaudación de impuestos, una baja inversión social, la falta de independencia judicial, la violencia creciente, la militarización de la seguridad pública y la impunidad.
Así lo informaron hoy un grupo de organizaciones guatemaltecas y regionales que participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la sesión tomaron parte el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA); el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM); y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).
En la exposición, las organizaciones detallaron que el nivel de ingresos tributarios en Guatemala es de los más bajos de América Latina y no supera el 10 % del Producto Interno Bruto, lo que tiene un impacto directo en los derechos humanos. La baja recaudación de impuestos limita la inversión social necesaria para superar la pobreza, promover el desarrollo y garantizar la seguridad y la justicia.
Además, el peso de los impuestos se recarga en los más pobres, mientras que el 10% de la población más rica paga proporcionalmente menos tributos.
Para Jorge Santos, del CIDH, a inicios del actual Gobierno de Guatemala, en 2008, se presentó una propuesta de reforma fiscal cuyo pilar era la transformación del impuesto sobre la renta, pero la presión de grupos empresariales logró que el proyecto fuera presentado al congreso sin ese componente.
Según Santos, “la élite económica y su conservadurismo impiden la garantía de un Estado que promueva una política social activa y garante de los derechos humanos”, afirmó
La escasez de recursos afecta a todo el desempeño del Estado. La impunidad supera al 90 de la totalidad de los crímenes denunciados y en los delitos sexuales llega al 97%. Persisten la falta de independencia de los jueces y magistrados, que cada 5 años deben cabildear su reelección en los cargos; las deficiencias del sistema de investigaciín criminal y la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
Las organizaciones criticaron el fortalecimiento del Ejército mediante su participación en tareas de seguridad ciudadana y e involucramiento de agentes policiales en organizaciones criminales.
De acuerdo con datos de UDEFEGUA, para los expositores y expositoras, el año 2009 fue uno de los más violentos para defensores y defensoras de los derechos humanos crecieron de 220 en 2008 a 353 en 2009.
Según Iduvina Hernández, del SEDEM, a trece años de la firma de los acuerdos de paz, que acabaron con un conflicto interno de décadas, “persisten acciones de contenido autoritario en contra de la defensa de los derechos humanos”.
La representación del Estado reconoció las debilidades que se le achacan, especialmente en cuanto a la impunidad, uso del Ejército para tareas de seguridad pública y la debilidad tributaria, y expresó su voluntad de corregirlas. Sin embargo, las atribuyó a causas estructurales.
Los y las peticionarias pidieron a la CIDH visitar Guatemala para evaluar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; que se pronuncie en los casos provenientes de Guatemala presentados ante ese organismo regional; que exhorte al Estado a ser transparente en el proceso de reforma policial que impulsa y a continuar el diálogo acerca de la reforma de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación.
(202) 319-3000 (202) 445-46-76. mherrera@twi.btq.mybluehost.me.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
