La búsqueda de verdad, justicia y reparación en el Caso AMIA no debe detenerse

Washington, D.C. 13 de septiembre de 2004

Casi dos meses después del décimo aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) en Buenos Aires, Argentina, se conoció el fallo de la justicia el cual absolvió a todos los imputados. Si bien no se conocen todavía los fundamentos de la sentencia, esta decisión pondría en evidencia las serias irregularidades cometidas en la investigación del atentado y las debilidades del sistema de justicia en ese país. La mañana del 18 de julio de 1994 un coche bomba explotó en la puerta de la AMIA causando la muerte de 85 personas y provocando más de 300 heridos. Esta decisión da por concluido el juicio oral iniciado hace tres años sin haber podido responsabilizar ni a una sola persona de este aberrante atentado.

Este fallo confirmaría las denuncias de un grupo de familiares de las víctimas sobre las irregularidades cometidas en la investigación judicial de este atentado. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) espera que como resultado de este fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda avanzar en la resolución de este caso a nivel internacional, del que conoce en base a la denuncia presentada en 1999 ante dicho organismo.

El caso de la AMIA fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 1999 por Memoria Activa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Human Rights Watch. Estas organizaciones, en representación de un grupo de familiares de las víctimas, denunciaron ante la CIDH la responsabilidad del Estado argentino por las serias irregularidades cometidas en la investigación del atentado y por la negación de justicia y derecho a la verdad de que fueron sujetos tanto las víctimas como sus familiares. En la petición exigieron que la CIDH obligue al Estado argentino a realizar una investigación que cumpla con los estándares internacionales reconocidos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y que evite asimismo la impunidad de semejante hecho. Como primera medida, la CIDH nombró un veedor internacional del juicio oral de la AMIA –el Decano Claudio Grossman- para que éste elaborara un informe sobre el mismo. Una vez emitido el fallo, CEJIL espera que la CIDH reciba prontamente el informe de manera que se conozcan las observaciones del veedor.

El Estado argentino ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principal instrumento del sistema interamericano, y como parte de este tratado tiene la obligación de garantizar que se respeten entre otros, el derecho a la vida, el derecho a la justicia y el derecho a la verdad de todos sus habitantes. En este sentido, la protección del derecho a la vida de las personas exige por parte de los órganos estatales una investigación seria, completa, eficiente e imparcial de hechos brutales como fue el atentado terrorista cometido contra la AMIA, para de esta manera garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

CEJIL considera que el Estado argentino debería admitir responsabilidades por las serias irregularidades cometidas en la investigación del atentado a la AMIA e implementar medidas que garanticen reformas institucionales tendientes a terminar con años de impunidad tanto en éste como en muchos otros casos. El curso que tomó la investigación de este terrible atentado, así como sus consecuencias, deberían servir como un llamado de atención a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Argentina, ya que ponen en evidencia deficiencias estructurales del aparato estatal que afectan de manera directa el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia. En este sentido, vale recordar lo dicho reiteradamente por la Corte Interamericana en sus sentencias con respecto a que una situación de impunidad “propicia la repetición crónica de violaciones de los derechos humanos.”

CEJIL se solidariza con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA a quienes continuará apoyando hasta que sean garantizados todos sus derechos y reparados los daños causados. La situación de los derechos humanos en América Latina mantiene a sus comunidades en una búsqueda constante de justicia, verdad y reparación. En el caso de la AMIA, esa búsqueda no debe detenerse. La experiencia de CEJIL en el litigio internacional de casos sobre graves violaciones a los derechos humanos ha dado en muchos casos alentadores resultados que demuestran que ese reclamo de justicia no es en vano.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.