
La CIDH concede medidas de protección a defensora de derechos humanos nicaragüense
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió el 11 de junio las medidas de protección —solicitadas desde CEJIL y CEJUDHCAN— para la defensora de derechos humanos Lottie Cunningham, por las amenazas recibidas a causa de su trabajo en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la Costa del Caribe Norte, en Nicaragua.
Después de constatar las amenazas sufridas el pasado mes de febrero, y que las amenazas continuaron, el órgano responsable de velar por la protección de los derechos humanos en el continente, decidió otorgarle las medidas cautelares —provistas para que los Estados de la región brinden protección a sus ciudadanos y ciudadanas—, tras constatar la existencia de una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo la vida de Lottie.
Entre varios hechos de preocupación, a la defensora de derechos humanos le llegó, a través de las redes sociales un mensaje que decía:
Y no queremos ver que se crucen en nuestro camino, ahí sí, te vamos aniquilar, si quiere guerra, guerra tendrá. La guerra significa sangre.
Los defensores y las defensoras de CEJUDHCAN también recibieron medidas de protección el año pasado. “Aprovecharemos mis medidas cautelares, para ir de nuevo a la Policía Nacional y ante las autoridades competentes y pedirles que las implementen, junto con las de mis compañeros, que las recibieron en agosto del 2016 y aún no han hecho nada al respecto”, denunció Lottie. “La Policía no investiga las denuncias que les llevamos sobre los incidentes a las comunidades”, añadió.
Lottie mostró además su preocupación por la presión y obstaculización que están ejerciendo últimamente las autoridades de gobierno incluyendo la Policía Nacional con CEJUDHCAN. “La semana pasada en el camino a las comunidades indígenas, la Policía Nacional detuvo la camioneta y con prepotencia exigieron a los defensores bajarse de la camioneta y procedieron a registrarles y interrogarles. Saben quiénes somos y lo que hacemos pero cuando nos encuentran de camino a las comunidades nos paran, nos hacen bajar de la furgoneta, nos registran, registran la comida que llevamos, apuntan nuestros nombres, quién es responsable, saben las rutas que tomamos… son demasiados detalles que nos obligan a dar; hay una mayor inseguridad para nosotros”. Aún así, Lottie espera que con las medidas otorgadas y el reciente nombramiento de un nuevo jefe de la Policía, podrán alcanzar acuerdos y circular libremente entre las comunidades sin temor de sufrir represalias.
El control férreo de las autoridades no es el único problema con el que se enfrenta CEJUDHCAN. Debido a la campaña de difamación contra la organización, están perdiendo donantes. Por culpa de esto, se ha reducido a la mitad su equipo de trabajadores, que viajan a las comunidades a ayudar. “Los pueblos indígenas necesitan de la asesoría legal y el acompañamiento técnico que les estamos dando, pero cada vez nos ponen más obstáculos para hacer nuestro trabajo”.
Además de la violencia, uno de los mayores problemas de las comunidades en la actualidad es el de la seguridad alimentaria. Por un lado, los miskitos se han visto obligados a abandonar sus tierras de cultivo por miedo a los ataques de los colonos. Por otro, el Estado no concede ninguno de los beneficios que ofrece a través de varios programas de alimentos y vivienda a quienes son beneficiarios de medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “La situación está muy mal: la gente ya no puede ir a sus parcelas, ni a pescar ni a cazar. No tienen acceso a los recursos naturales para su subsistencia y para conseguir algo de lo que alimentarse; para hacerlo tendrían que andar durante horas y les da miedo”.
El conflicto que se vive en esta zona de Nicaragua lleva latente desde el 2007 aunque fue en el 2011 cuando estalló con los primeros asesinatos, convirtiéndose en un conflicto de alto riesgo a partir del 2014. Hoy, los asesinatos parecen haber cesado, por el momento, pero los miskitos no pueden tener una vida normal, como tampoco los que defienden sus derechos, señala Lottie.
Aunque son buenas noticias el que le hayan otorgado las medidas cautelares a Lottie Cunnigham, lo cierto es que aún quedan muchas barreras que salvar para que vuelva la paz y la tranquilidad en esa región.
En la Costa del Caribe Norte CEJUDHCAN trabaja con 97 comunidades indígenas pero actualmente solo han podido atender a 50 comunidades y priorizan a 12 de estas comunidades por el alto riesgo en que viven. “A pesar de las adversidades nosotros seguimos y seguiremos trabajando por los derechos de las comunidades”, afirmó la defensora con firmeza.
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