México debe investigar cadena de mando militar en caso Tlatlaya

San José, 6 de julio de 2015.- El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014.

Ese día, 22 personas fueron asesinadas en el marco de una operación militar. La versión oficial aseguró que todas las muertes sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento, sin embargo, fuentes periodísticas y el testimonio de una persona sobreviviente señalaron que una gran mayoría de las víctimas habían sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento. Posteriormente, un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que entre 12 y 15 de las personas muertas fueron ejecutadas en forma extrajudicial.

No obstante la gravedad de lo ocurrido, el Estado mexicano está faltando a su deber de debida diligencia al investigar este caso.

En días pasados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a una de las sobrevivientes, hizo público un informe en el que destacan las irregularidades en la investigación de dichos hechos. Por una parte, preocupa que se haya abierto una investigación en la jurisdicción militar paralela a la investigación en la sede penal ordinaria, ello pese a la reforma al fuero militar que excluyó el uso de la jurisdicción militar en casos en que las víctimas son civiles.  Adicionalmente, llama la atención que la Procuraduría General de la República (PGR) solo haya procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles obviando así la prueba que indica que más personas habrían sido ejecutadas.

Más grave aún es la existencia de un documento militar denominado “Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario” en el que expresamente se ordena que “las tropas deberán operar en la noche y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta disposición claramente establece una orden de privar arbitrariamente de la vida a las personas que el ejército considere “delincuentes”. Pese a que el mismo documento en otros párrafos señala que se deben respetar los derechos humanos, la contundencia del primer párrafo citado genera al menos una confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso de poder.

Tratándose de ejecuciones extrajudiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención y determinen las responsabilidades de todos los autores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales”.

“Es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones para enmendar lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos, ello implica investigar la posible participación de los altos mandos militares que emitieron dicha orden”, declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

CEJIL se suma a las voces de numerosos actores locales e internacionales que exhortan a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar acceso a la justicia, verdad y reparación.

Hacemos un llamado especial para que se respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las etapas de investigación, asimismo, exhortamos a México a proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que acompaña el caso, escuchando sus recomendaciones para reencausar estos procesos en el menor plazo posible.

(foto: Centro Prodh)