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Organizaciones instamos a garantizar independencia del procurador de derechos humanos en Guatemala
Ciudad de Guatemala, 4 de octubre del 2017.- Las organizaciones firmantes observamos con preocupación la campaña de desprestigio, descrédito y amenazas de las que ha sido objeto el procurador de derechos humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, electo por el Pleno del Congreso para el periodo 2017-2022.
En el marco de la grave crisis por la que atraviesa el Estado guatemalteco, es indispensable recordar que las instituciones nacionales de derechos humanos tienen el mandato de conocer quejas sobre violaciones en esta materia, en participar en procesos de rendición de cuentas. En este sentido, es indispensable que quienes conforman la Procuraduría de los Derechos Humanos sean personas autónomas del Estado, en tanto deben proteger a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la Administración Pública, que pueden afectar sus derechos fundamentales.
Estas instituciones, y quienes las representan, deben, además, asistir en el fortalecimiento de instituciones democráticas, especialmente en áreas como transparencia, Estado de derecho y democracia.
La actuación del PDH en este contexto de ataque a la lucha contra la impunidad y de debilitamiento institucional ha sido de gran relevancia para la defensa de los derechos de los y las habitantes de Guatemala. Como subrayó recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción” .
El PDH, en el ejercicio de su rol, se ha enfrentado a intereses que pretenden detener los avances en las investigaciones por casos de corrupción. Esto se ha traducido en advertencias y mensajes enviados a través de redes sociales, convocatorias para comparecer en el Congreso a escasas semanas de asumir el cargo e incluso en propuestas de leyes que facilitarían su remoción.
En el afán de debilitar la institución y a su titular, también se ha pretendido estigmatizarlo por su condición de peticionario en el caso del Diario Militar1, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Guatemala por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Jordán Rodas Andrade y su familia, a quienes reconoció como víctimas. Pretender desacreditar el trabajo que el PDH realiza a partir de su derecho a ser reparado resulta inaceptable y no es más que un intento de distraer su labor y criminalizar la defensa de los derechos humanos.
A raíz de lo expuesto, las organizaciones de la sociedad civil representantes de víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) respaldamos la labor del PDH y exigimos que se respete su mandato e independencia. Asimismo, recordamos la obligación del Estado, de adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte la garantía de derechos humanos y el Estado de derecho.
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación Myrna Mack
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA)
1 El Estado de Guatemala continúa sin dar cumplimiento a 14 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas, Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, emitida en el 2012.
