Panamá requerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José, Costa Rica,

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró al Estado panameño su obligación de presentarle un informe acerca del cumplimiento de la sentencia del Caso Baena Ricardo y otros. Panamá debía presentar este informe a más tardar el 1º de octubre, según le ordenó la Corte en resolución de 17 de julio del presente año.

Ante el desacato del Estado panameño, el pasado 12 de octubre la Corte le recordó al Estado el vencimiento del plazo y le indicó que “remita dicho informe a la mayor brevedad, con el propósito de que el Tribunal pueda evaluar el cumplimiento del fallo por parte del Estado”.

La sentencia de este caso fue emitida el 2 de febrero de 2001 y el plazo concedido por la Corte para que Panamá cumpliera la sentencia venció el 14 de febrero de 2002. Más de cinco años después no se ha cumplido con la totalidad de lo ordenado en la sentencia y las víctimas se encuentran a la espera tanto de la reparación económica como de la reinstalación en sus puestos de trabajo.

Los hechos de este caso se dieron en 1990, cuando 270 trabajadores fueron despedidos debido a su participación en un paro sindical que convocó la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales en contra del gobierno de Guillermo Endara, el cual coincidió con una revuelta de las fuerzas policiales y militares.

Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia, y vinculan a todos los poderes del Estado.

Desde hace más de un año, el Estado panameño ha hecho ofertas de cumplimiento a los trabajadores víctimas del caso, sin que ninguna se haya concretado. Si bien las víctimas han informado a la Corte Interamericana sobre los encuentros y desencuentros con las autoridades del Estado, el gobierno de Torrijos no ha rendido el informe que la Corte le solicita.

CEJIL considera que Panamá como estado miembro de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y como parte de una comunidad internacional de Estados, debe honrar sus compromisos internacionales.

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