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Paraguay reconoce responsabilidad en desaparición forzada de dos niños soldados
Washington D.C., 4 de noviemre de 2009
Paraguay reconoció el 4 de noviembre su responsabilidad internacional en la desaparición forzosa de los niños Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, de 14 años de edad, reclutados de manera ilegal en el servicio militar y desaparecidos mientras estaban bajo la custodia del Ejército, en 1998.
En una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., los representantes del Estado firmaron un acuerdo de solución amistosa con las organizaciones que representan a las víctimas: CEJIL y el Servicio Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ-PY).
En el acuerdo, el Estado admite la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a las garantías judiciales en contra de las víctimas.
El texto obliga a Paraguay a conformar una comisión investigadora de la desaparición de los niños y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.
“Con esta solución amistosa Paraguay está más cerca de reparar los sufrimientos causados por una aberrante práctica violatoria de los derechos humanos de los niños, que durante muchos años fue tolerada y considerada normal”, afirmó Liliana Tojo, directora del programa de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia.
El acuerdo también obliga a Paraguay a presentar un proyecto de ley para reformar el Código Penal en cuanto al delito de desaparición forzosa, con el fin de adecuar la legislación interna a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona.
Entre otros puntos del texto, el Estado deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad y perdón a los familiares de las víctimas, nombrar una calle con su nombre e instalar una placa recordatoria en la unidad militar donde estaban asignados los niños.
Además, el Estado deberá presentar un video documental elaborado por los peticionarios acerca de las violaciones a los derechos humanos en el reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas. El documental será exhibido en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López de las Fuerzas Armadas, con presencia de altas autoridades castrenses.
En la firma del acuerdo, el embajador paraguayo ante la OEA, Bernardino Hugo Saguier, aseguró que el Estado divulgará ampliamente lo alcanzado en esta negociación. “Las instituciones y los encargados de las instituciones saben que cuando suceden estos casos hay consecuencias. Estamos muy complacidos porque estamos dando un ejemplo”.
“El Ministerio de Defensa va ha hacer cumplir los derechos humanos. Estamos totalmente comprometidos con los derechos humanos”, dijo el asesor jurídico del Ministerio de Defensa de Paraguay, mayor Gustavo Dávalos.
Funcionarios del Ejército reclutaron en 1997 a Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, sin pedir permiso a sus padres y mediante la alteración de la edad en documentos oficiales, para simular que tenían el mínimo requerido de 16 años. En febrero de 1998 los niños desaparecieron de su unidad militar sin que hasta ahora se conozca su paradero y sin que sus familiares hayan recibido explicaciones satisfactorias. Desde 1989, en Paraguay han sido registradas 110 muertes de conscriptos en las Fuerzas Armadas, según datos de SERPAJ-PY.
El cumplimiento integral del acuerdo concluirá el caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000 y admitido en octubre de 2003. Este es el tercero de una serie de denuncias ante el sistema interamericano acerca del reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas de Paraguay. Uno de los casos anteriores concluyó con una condena de la Corte Interamericana contra el Estado paraguayo y el otro en un acuerdo amistoso.
Contacto de prensa:
Mauricio Herrera.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
