Periodistas ponen en evidencia libertad de expresión en México

Washington, D.C., 8 de abril de 2016.- Varias organizaciones mexicanas expusieron en una audiencia de la CIDH, en la tarde de ayer, cómo el Estado mexicano está sometiendo el país a una censura indirecta, a través de distintos mecanismos que consideran preocupantes, al estar diseñados para asfixiar la libertad de expresión y el libre periodismo.  

Durante la audiencia, las organizaciones pusieron de relieve la falta de transparencia del Estado, en referencia a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, las cuales se presentan de manera voluntaria, ya que no existe una normativa que obligue a lo contrario, a diferencia de otros países del sistema interamericano.  También afecta a la transparencia, el permitir que, a través de la “ley del olvido”, se borren datos de Internet. Esto supone una interpretación de la ley de datos personales que le permite a un privado el poder de decidir qué es de interés público.

Se expuso el control y la vigilancia que existe en la red, como una forma más de presión del Estado, implementando además una legislación que es permisiva con restricciones digitales.

En cuanto a los medios, la concentración mediática y la falta de pluralidad sigue siendo una realidad en México. Además el Estado, a través de la publicidad oficial, está favoreciendo los monopolios mediáticos, otorgando dinero de manera desproporcional y desequilibrada. En los últimos tres años el monto total invertido en publicidad oficial de la administración pública federal es de más de 20.000 millones de pesos mexicanos (más de 350 millones de dólares), presupuesto cuatro veces mayor a lo que se prevé recortar este para Salud y Educación en el presupuesto federal.

Con estas prácticas, se favorece la generación de oligopolios, dificultando así la creación y sustentabilidad de medios independientes y comunitarios. Estos últimos enfrentan trabas para el uso del espectro electromagnético, a través de dilaciones administrativas para la  entrega de concesiones, problemas para su inscripción oficial y la obligatoriedad de solventarse  únicamente a través de los fondos provenientes de la publicidad oficial. Es preocupante que a casi dos años en vigor de la ley en la materia el IFT apenas si haya otorgado una concesión de uso comunitario.

Se alertó que la campaña que emprende actualmente la autoridad reguladora para indicar que la utilización del espectro sin autorización en un robo, puede dar lugar a abusos en contra de medios comunitarios, que por falta de información no saben como realizar los procedimientos administrativos para obtener autorización, además de que la tipificación de robo es erronéa.

La periodista Carmen Aristegui, peticionaria en la audiencia, hizo entrega a la CIDH de una declaración firmada por un centenar de periodistas dentro y fuera de Latinoamérica, manifestando su preocupación contra la censura a su trabajo y los costos a la democracia. “No habrá sistema anticorrupción que sirva ni en México ni en ningún lado si no cuenta el propio país con un periodismo libre e independiente”, dijo.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, apuntó que las limitaciones presentadas por las distintas organizaciones, se suman a la problemática de agresiones y violencia contra de comunicadores, periodistas y medios que sufre el país, recogidas por el último informe de la CIDH del país. “Las restricciones a la libertad de expresión y al acceso a la información, contribuyen a un déficit de pluralismo que impide una deliberación pública abierta como requieren todas las democracias, pero que se hace mucho más urgente en un contexto de crisis en materia de derechos humanos, altos niveles de corrupción e impunidad”, añadió.   

El relator para los temas de Libertad de Expresión, Edison Lanza, cuestionó el grado de cumplimiento de las políticas del Estado de México y anunció una visita en conjunto con el relator de las Naciones Unidas, programada inicialmente para el segundo semestre de este año.