República Dominicana deberá responder sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. – Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Una de las consecuencias de este fenómeno que se verá en la audiencia, es la expulsión masiva de personas afrodescendiente por considerarlas como extranjeros por el color de su piel, sin tomar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en materia migratoria.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, declaró que “la negación de la discriminación racial constituye el mayor obstáculo para buscar una solución efectiva a los problemas que la población afectada está viviendo. El problema es muy serio, hablamos de discriminación estructural que ha impactado, además de las expulsiones, en la restricción del reconocimiento de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad”.

El Comité de Naciones Unidas contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación analizó este fenómeno y concluyó en su último informe sobre el país en marzo de 2013, que la discriminación estructural afecta directamente a la población afrodescendiente, sometiendo a esta población a una clara exclusión y restricción en sus derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo.

El organismo internacional solicitó varias medidas para implementar políticas públicas que reconozcan e identifiquen las estadísticas de la discriminación racial existente, adecúe sus políticas migratorias, e impida la desnacionalización de personas que pueda generar situaciones de apatridia.

“Esperamos que la Corte Interamericana tome en cuenta los diversos análisis y pronunciamientos hechos por este Comité, así como por el Comité de Derechos de la Niñez y el de la Eliminación de  todas las formas de Discriminación contra la Mujer en relación con el Estado dominicano”, añadió Paola García Rey, consultora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

Cristiana Luis Francisca, Presidenta de Mudha, señaló que “una vez más hemos tenido que acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado dominicano no nos ha dejado otra alternativa, sigue siendo una realidad nacional las frecuentes violaciones de derechos. Igualmente la falta de un diálogo abierto y respetuoso de los derechos humanos con las autoridades y las organizaciones. Estamos hoy ante la Corte Interamericana y si es necesario acudiremos ante los órganos de Naciones Unidas”.

Durante la audiencia del día de mañana ante la Corte Interamericana se escuchará las declaraciones propuestas por las organizaciones representantes que consisten en: el testimonio de una las víctimas dominicanas expulsada con su familia en el año 2000; dos peritos expertos en políticas migratorias y la correcta aplicación de los estándares del derecho internacional y un perito experto en materia de discriminación racial en América y África.

Las organizaciones solicitarán que a través de su fallo el Tribunal Interamericano otorgue una reparación integral a las víctimas, incluida una disculpa pública del Estado por los hechos sucedidos, y además se pronuncie sobre todas las medidas que el Estado dominicano debe adoptar para evitar que hechos como los del presente caso se repitan. Reconocer el problema existente de discriminación racial en la isla es una premisa necesaria para poder revertir estos patrones de exclusión y xenofobia en el país.