República Dominicana niega discriminación y expulsiones masivas ante la Corte IDH

México DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Las organizaciones representantes de las víctimas señalamos al Tribunal que los hechos del presente caso no son aislados, ya que se enmarcan dentro de un patrón de expulsiones masivas y una política de desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana de padres con estatus irregular en el país.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, mencionó que “la audiencia permitió evidenciar la discriminación racial en el tratamiento de la población afrodescendiente, particularmente haitiana  y aquella de ascendencia haitiana”. Lamentó además que  la defensa del Estado dominicano no haya respetado el derecho de defensa: “en la audiencia el representante gubernamental presentó pruebas en un momento inoportuno y manipuló la declaración del único testigo.»

“Sorprende que el Estado dominicano recurriera al elemento de nacionalismo y xenofobia para evidenciar la negación de la discriminación racial”, señaló Cristiana Luis Francisca, Presidenta de MUDHA. Quien añadió que “el debate no terminará con esta audiencia, nuestras organizaciones seguiremos buscando justicia tanto a nivel interno como en las instancias internacionales”.

“Los alegatos del Estado fueron inconsistentes y contradictorios al negar la existencia de un patrón de expulsiones colectivas, la cual tuvo lugar no solamente durante la época de los hechos del presente caso, sino que se perpetúa hasta el día de hoy”, comentó Paola García Rey  de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia.

Por su parte, Lisane André de GARR, agregó que “nuestro trabajo nació en el momento de las repatriaciones de 1991, el cual alcanzó la expulsión de 35 mil personas. Esperamos que con este caso podamos dejar de lado ese aspecto tan fuerte de nuestro trabajo, en la medida que se apliquen los estándares de derechos humanos aquí discutidos y cesen las expulsiones colectivas.”

Al cierre de la audiencia las organizaciones pidieron al Tribunal que su fallo otorgue una reparación integral a las víctimas. Debido al comportamiento del Estado durante la audiencia, consideramos que el reconocimiento de responsabilidad internacional y una disculpa pública por los hechos del caso reviste una particular importancia.

Después de la audiencia, las organizaciones y el Estado dominicano, respectivamente, deberán presentar sus escritos finales en el plazo de un mes. Se espera que la Corte IDH emita su fallo a principios del siguiente año.

La audiencia fue transmitida en vivo y puede consultarse el video de la misma en la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr.