Víctimas de masacres en El Mozote solicitan reapertura del caso tras anularse la Ley de Amnistía en El Salvador

San Salvador, 19 de agosto de 2016.- Esta mañana, la Oficina de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández ーen compañía del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozoteー, solicitó  la reapertura de la investigación penal por las masacres de El Mozote y lugares aledaños. La petición se realizó ante el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera.

“Dentro del proceso penal ya se cuenta con los suficientes elementos de convicción para establecer razonablemente la existencia de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra y, con ello, para el procesamiento de los autores materiales e intelectuales, coautores y cómplices de lo ocurrido con las masacres de El Mozote”, expuso Ovidio Mauricio, en representación de Tutela Legal. Una vez entregada la solicitud, Mauricio pidió a las autoridades judiciales ordenar la inmediata realización de todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Este caso es el primero sobre el que se solicita la reapertura, después de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en El Salvador. En el documento presentado ante el juez, la organización pide que se realice una investigación “de forma seria, diligente, exhaustiva y en un plazo razonable” tal como lo ordena la Corte IDH, en la sentencia por el caso, emitida en el 2012.

La masacre, registrada los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1981, es la más grande documentada en América Latina. “Tenemos 35 de lucha incansable y esperamos de una vez por todas que las autoridades cumplan con su trabajo y se nos permita conocer la verdad de lo ocurrido y obtener justicia ante las atrocidades que sufrimos”, expresó María Dorila Márquez de Márquez, presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.

“La inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y su expulsión del ordenamiento jurídico interno constituyen un paso pequeño pero importante para eliminar las barreras que impedían a los jueces y fiscales investigar. Confiamos que las autoridades salvadoreñas sabrán honrar sus obligaciones internacionales y darán pasos decididos para acabar con la impunidad, luego de 35 años de ocurridos los hechos”, agregó Valentina Ballesta, de CEJIL, organización representante de las víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: para conocer el detalle del caso de El Mozote, entrar acá.