26 de septiembre de 2016 Publicacion

Entrevista a Carlos Beristain (completa)

¿Qué es el GIEI? ¿En qué consiste el grupo de investigación y cuál era el principal motivo de su existencia?

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se crea como un instrumento para el cumplimiento de unas medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana a los 43 desaparecidos y sus familiares. Como parte de esa medida cautelar se estableció un grupo de expertos que hiciera el monitoreo, el seguimiento, con cuatro puntos de mandato básicamente. Uno que tenía que ver con la investigación que había hecho el Estado y dar recomendaciones sobrela misma; un segundo que tenía que ver con la búsqueda de los desaparecidos, para evaluar lo realizado y dar recomendaciones para encontrar a los desaparecidos; un tercer punto, que tenía que ver con atención a las víctimas —evaluar lo que había hecho el Estado sobre la atención y dar recomendaciones para la atención—; y un cuarto punto de evaluar y dar recomendaciones sobre las políticas de desaparición forzada en México, más en general y no sólo en el caso de los 43. Es un mecanismo novedoso, es la primera vez que se crea un grupo de estas características. Un grupo interdisciplinario con un mandato amplio, no solamente sobre la investigación, sino también sobre la búsqueda y la atención a las víctimas.

¿Cómo llegaste al grupo? 

Yo estaba trabajando en varios países con familiares de desaparecidos. Más en general, a través de un trabajo psicosocial con organizaciones de víctimas que se estaban creando en los últimos años, cuando sucedió el caso de los 43. A partir de ahí se estableció como una metodología de trabajo —de esto nos enteramos después— entre el Estado, los representantes de las víctimas y con la CIDH, para ponerse de acuerdo en un listado de perfiles de gente que sería finalmente la que configuraría el grupo. A mi me contactaron a finales de diciembre desde la Comisión para ver si estaría dispuesto para participar en el grupo. Yo dije que sí, sin saber quiénes eran los otros miembros del grupo. Creo que ninguno de nosotros sabía quiénes eran el resto de las personas que habían seleccionado hasta que oficialmente se dio el nombramiento a finales del mes de enero.

En la presentación del primer informe se intentaba llegar a una especie de acuerdo con el Estado para que se comprometiera a ayudar. ¿Hubo un cambio de actitud del Estado antes del primer informe y después, o realmente fue una continuación? 

Lo que pasó cuando presentamos el informe es que estábamos en un periodo intermedio de negociación para ver si había condiciones y cuáles eran éstas, para una extensión del mandato y poder seguir con nuestro trabajo. Esto a la vez que habíamos presentado un informe que era bastante claro y dejaba de lado muchas de las cosas que se habían incorporado a esa llamada “versión histórica de los hechos”. Ahí señalamos que los normalistas fueron de forma circunstancial al centro de Iguala ya que iban a tomar autobuses para la marcha del 2 de octubre por el aniversario de Tlatelolco, y que no habían ido a boicotear un acto político, que no habían sido confundidos con un grupo del Cartel de los Rojos contrario a Guerreros Unidos, que todas las corporaciones de seguridad tenían conocimiento e información sobre la llegada de los normalistas. También concluimos en base al análisis de la documentación y un peritaje sobre la dinámica de fuego, que los 43 no fueron llevados al basurero de Cocula, asesinados y quemados esa noche en las condiciones en las que se había contado.

Bueno, cuando publicamos nuestro informe con esas cosas le dijimos al Estado: es una verdad incómoda, pero es una verdad saludable porque puede ayudar a hacer una investigación más efectiva. A partir de ahí se abre un proceso de diálogo y de discusión sobre cuáles eran las condiciones para poder seguir con un segundo mandato. Nosotros dijimos que para poder continuar necesitábamos nuevas condiciones, que no se podía seguir con las mismas reglas de la primera parte. Esto significaba que el caso tenía que salir de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) que es la sección de la PGR que estaba investigando el caso, dado que necesitaba una mirada más fresca sobre las diferentes líneas de investigación, y un nuevo equipo que no estuviera casado con la línea del basurero y todo lo que se había contado hasta entonces, y los problemas que había tenido la investigación de serias omisiones y destrucción de pruebas; un ente de investigación en el cual tuviéramos también más confianza y que generara credibilidad, visto que hubo numerosas deficiencias, negligencias, y cosas tal vez más intencionales en algún caso, que habían bloqueado o desviado la investigación en algunos aspectos. Entonces logramos ese acuerdo en la CIDH el 20 de octubre y a partir de ahí se inició un segundo mandato. Empezamos a trabajar bien con el nuevo equipo los dos primeros meses, siempre en una mezcla de hacer seguimiento a lo que significaba asumir un caso de esa complejidad, la lectura de los tomos que tenían que hacer los nuevos fiscales. Hicimos un documento de 20 páginas que dimos a la PGR con nuestras sugerencias para la investigación, sobre cuáles eran las líneas que había que seguir según nosotros y también sobre la atención a las víctimas y la búsqueda. A partir de ahí lo que vimos es que después de dos meses, desde enero de 2016, se fueron poniendo obstáculos, la investigación se fue ralentizando, muchas de las cosas que habíamos pedido que se hicieran no se estaban haciendo o se estaban retrasando de forma injustificada y se estaban dando pasos para volver otra vez al escenario del basurero. De repente había algunas capturas de gente que aparecía detenida por SEIDO. O sea no por el nuevo equipo del caso, sino por el antiguo. Se les había detenido por portación de armas pero se les preguntaba por el caso de los 43, daban versiones de los 43 que parecían similares a los anteriores. Cuando fuimos a hacer una diligencia a un lugar de búsqueda muy importante nos encontramos con que SEIDO había ido antes que nosotros. Entonces encontramos ese tipo de cosas. Vimos que se estaba bloqueando y nos hicieron ver que alguien estaba controlando la investigación y no era el nuevo equipo creado. A partir de ahí empezaron a haber numerosos problemas que fuimos señalando en nuestras comparecencias públicas  mensuales.

El GIEI tiene un segundo periodo de trabajo. ¿Qué ocurrió con las pruebas que mostrasteis en el segundo informe?

En el último tiempo antes de nuestro segundo informe fuimos acumulando las pruebas que pudimos, tomando los testimonios que habíamos solicitado como los de la policía de Huitzuco, analizando el expediente y viendo las cosas que se iban avanzando con todas esas dificultades, y con eso fuimos construyendo lo que iba a ser nuestro segundo informe. En ese contexto, ocurre lo del nuevo estudio del basurero de Cocula. Nosotros habríamos llegado a un acuerdo a partir de la insistencia de la PGR en Washington, en octubre del año pasado, en uno de los puntos que tenía que ver con que se iba a hacer un nuevo peritaje sobre el basurero. Establecimos los criterios comunes entre la PGR y nosotros, de quiénes serían los expertos, cómo se tenía que hacer ese estudio para que ofreciera credibilidad respecto a los resultados, y que todo el proceso iba a ser de consenso entre la PGR y el GIEI.

Nosotros habíamos incluido ya en nuestro informe un peritaje del doctor Torero que señalaba que ese hecho no se habría podido producir en el basurero en aquellas condiciones, pero la PGR quería hacer un peritaje nuevo. Nosotros insistimos en que eso se tendría que hacer con un estudio y tratar de llegar aun consenso científico sobre el caso. Firmamos un documento conjunto, participamos en la selección de los peritos que trabajarían en ese caso. Tres fueron nombrados por la PGR, tres fueron nombrados por nosotros. Hicimos los criterios que se debían llevar a cabo y el plazo para presentar ese trabajo era el 31 de marzo. Cuando llegó el 31 de marzo uno de los expertos que se nos dijo que servía como vocero del grupo vino a México a presentar su informe y cuando estábamos en la reunión, mientras estábamos viendo qué hacer con ese estudio dado que no tenía sino resultados preliminares y no finales como era nuestro acuerdo, el perito nos dijo que no habían podido determinar si ese hecho habría podido pasar según los elementos que había en el basurero, y que necesitaban hacer unas pruebas experimentales. Nosotros pedimos en ese momento poder examinar con tiempo el documento preliminar, y a partir de ahí analizar con la PGR cómo comunicarlo, qué hacer con eso tanto con respecto a los familiares como con respecto a la sociedad mexicana. Sin embargo en ese momento la PGR, ya había tomado la decisión de hacer una rueda de prensa, que incluso ya estaba convocada antes de esa reunión, y dio a conocer tres puntos que eran equívocos, que nunca se nos comunicaron y se hizo sin tener en cuenta nuestro criterio, rompiendo el consenso de trabajo que tan laboriosamente habíamos construido con la PGR.

Todo eso supuso una ruptura, un punto crítico ya que los problemas que se iban acumulando, y mostraban el intento de parte de ciertos sectores de la PGR de volver atrás a costa de lo que fuera, incluso de romper los consensos básicos de trabajo con el GIEI.

A partir de ese escenario de ruptura empezamos a buscar el conjunto de otra documentación sobre el basurero para ver qué otros elementos que podríamos contrastar. Profundizamos en otros elementos del propio basurero y del escenario del Río San Juan ya que algunos de los inculpados habían dicho que después de la quema masiva de los normalistas, habrían metido los restos en unas bolsas de plástico, las habrían llevado de nuevo hacia el pueblo, y los habrían tirado en el río San Juan como una forma de hacerlos desaparecer. Buscando la documentación sobre eso en el expediente, contactando a periodistas que habían estado en el escenario del basurero y del río. Encontramos ahí documentación gráfica que mostraba que a pesar de que oficialmente toda la historia del río empieza el día 29 cuando llegan unos buzos a explorar el río y encuentran supuestamente la bolsa, y después el mismo día 29 se lleva al inculpado para que reconozca el lugar, etcétera, lo que encontramos es que todo eso en realidad se había empezado el día 28. El día 28 se presentó en el lugar el jefe de de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, con el inculpado Agustín García Reyes que después iba a ser llevado el día siguiente para reconocer el sitio. Se presentó el día anterior en un momento en el que no había nadie, no sabemos para qué se le llevó ahí, no hay constancia en el expediente sobre esas acciones, o sea no son diligencias que estén incorporadas al expediente. Por otra parte unos minutos después aparecieron funcionarios de servicios periciales de la PGR que entraron en la escena y recogieron evidencias óseas que fueron recogidas sin fijar la escena del crimen, fueron realizados registros de video pero ninguna de esas acciones estaba en el expediente. Encontramos en el expediente una fotografía de la bolsa donde supuestamente habrían sido encontrados los restos que ponía una etiqueta con el día 28 de octubre, o sea el día anterior al día que oficialmente se encontró la bolsa. Bueno, con todos esos elementos reconstruimos la historia para plantear públicamente que en ese lugar había habido una manipulación de la escena del crimen sin saber con qué objetivo, habían entrado peritos sin hacer ningún registro oficial, no había en el expediente ninguna documentación fotográfica ni videográfica sobre lo que se había realizado, se había llevado a un inculpado después de dar su declaración sin abogado a ese escenario, ese inculpado tenía para entonces más de 30 lesiones como serios indicios de tortura y que todos esos elementos debían ser investigados porque suponen un cuestionamiento de la historia contada sobre el río. La cuestión es central en la historia porque en esa bolsa apareció un resto óseo a través del cuál fue identificado Alexander Mora, uno de los normalistas desaparecidos.

En tu intervención en la presentación de este segundo informe te centraste en lo que era la víctima y cómo se entiende el dolor de la víctima. Señalaste que había que diferenciar entre reconocimiento y reparación. ¿Te importa explicar esto? 

Si, cuando uno piensa en los familiares de desaparecidos —y esto lo hemos discutido mucho con el Estado en distintos momentos— lo que los familiares esperan y necesitan es un trato digno, empatía y escucha; que haya una comprensión de su experiencia. Necesitan comunicación directa, que no se les mienta, que no se les diga una cosa y luego sea otra, que se les informe antes a ellos de cualquier elemento relevante para la investigación o que tenga que ver con el paradero de sus hijos, antes a ellos de que se filtre la información a través de los medios que es lo que desgraciadamente ha sucedido cada vez, y eso es una cuestión clave para poder hacer una investigación efectiva, reconstruir la confianza con las víctimas y evitar las formas de victimización secundaria. No se puede hacer una investigación sin tener en cuenta las víctimas y estos dos elementos deben ir de la mano. No son dos cosas disyuntivas, tienen que incorporarse a una perspectiva del litigio, de la investigación y de la atención. En ese momento lo que los familiares necesitan es la verdad. Lo que nos dicen cuando nosotros llegamos el primer día a la escuela, en la primera reunión, es: dígannos siempre la verdad, eso es lo más importante para nosotros.

También hay que tener cuidado con el lenguaje, cómo se usa el lenguaje, porque a veces ese lenguaje transmite visiones que chocan mucho con la visión de la víctima. Por ejemplo, con el uso de la palabra reparación: para muchas víctimas significa que el Estado quiere pagar económicamente y ya. El Estado muchas veces está pensando en ese tipo de reparación y los familiares están en otro momento, pensando dónde están sus hijos, quieren buscarlos, la verdad de lo sucedido y justicia. Y lo que sí necesitan es reconocimiento. Todas las formas de reparación: la económica, la moral, la verdad, la justicia… en realidad, son formas de reconocimiento de lo sucedido y de la dignidad de la víctima. Y eso es el elemento clave para poder hacer algo que sea “reparador”. Le dijimos al Estado “no usen nunca la palabra reparación porque eso tiene otro significado para la gente, para la sociedad en general”, y es muy importante, sin embargo, que haya un reconocimiento hacia los familiares porque ese reconocimiento es lo que va a generar también confianza. Si no, la gente siente que su historia nunca tiene un marco social de reconocimiento, siempre está excluida. Y le hemos dicho al Estado “hay que cambiar la narrativa de los hechos”. Porque siguen manteniendo la narrativa de los hechos de la llamada “verdad histórica” que es una verdad construida en base a las declaraciones de ciertos perpetradores, una verdad estigmatizante frente a las víctimas que acusa a algunos de los normalistas de ser del Cártel de los Rojos, de estar infiltrados. Esa narrativa tiene que cambiar. Que la gente encuentre que su experiencia y lo investigado por el grupo tiene un marco de reconocimiento en la historia oficial, y esa historia oficial no sigue estando empeñada en producir las visiones del pasado que han quedado superadas y que hemos demostrado en la práctica que no son ciertas. Necesita ese marco de reconocimiento y eso es lo que para la gente va a ser positivo. Lo otro, empeñarse en hablar de las políticas de reparación cuando la gente está en el proceso de búsqueda o investigación, va a ser visto como un intento de cerrar un capítulo de la historia por parte del Estado y va a ser inaceptable para los familiares. Y es un proceso con el que poco a poco se podrán dar pasos, a partir de la atención a las víctimas y probablemente se podrá empezar con los familiares de los jóvenes muertos y los heridos. Pero ese proceso solo puede construirse con las víctimas, y hay que ser extremadamente cuidadoso con eso y la información sobre los familiares. Para eso se está haciendo un estudio psicosocial que ayudará probablemente a los nuevos pasos que vendrán.

¿Qué te pasó por la cabeza cuando, sentado delante de todos los familiares, amigos, seguidores de la causa, empezaron a gritar: “no se vayan”?¿Qué se siente cuando ocurre algo así?

Bueno, se le pone a uno la piel de gallina. Sientes la emoción que transmite esa manifestación masiva del grito de mucha gente. Y del grito silencioso que hemos escuchado muchas veces. Ese “no se vayan” nos lo han dicho los familiares: “ustedes no se pueden ir hasta que quede esto aclarado”, nos lo ha venido diciendo mucha gente con la que nos hemos reunido y era como la expresión de muchos gritos en silencio que escuchamos durante todo este tiempo. Esto demuestra por una parte también la necesidad que la gente tiene de tener personas que generen la confianza y la credibilidad para hacer una investigación. Si hay una cuestión clave en México es la ausencia total de confianza de las víctimas respecto al Estado. Para que te hagas una idea, otra de las cosas que nos dijeron la primera vez que nos reunimos en la escuela fue “ustedes tienen nuestra confianza”. Aunque la confianza es algo que hay que ganarse siempre, obviamente nosotros llegábamos al país por petición y demanda de los familiares y el acuerdo con el Estado, pero también nos dijeron otra cosa que no habían dicho a ningún país, nos dijeron: “por favor no se vendan”. Y eso, era una demanda para la cual era fácil una respuesta de parte nuestra en términos de “obviamente no nos vamos a vender, hemos venido a hacer un trabajo serio, profesional, comprometido con la verdad del caso y los derechos humanos”. Pero eso significa que hay una experiencia detrás que hace que muchos de los familiares que tomaron la palabra nos dijeran eso.

Todos esos elementos se juntaron en ese momento de la presentación del segundo informe en que la gente se levantó y comenzó a gritar: no se vayan, no se vayan. Y es una demanda colectiva de verdad, de justicia y de credibilidad, y de que nos quedáramos en el país para poder avanzar en esa situación, a pesar de que ya sabíamos que la decisión del Estado había sido que no iba a haber una prórroga del mandato.

¿Cómo está ahora la situación del caso?

Bueno, nosotros dijimos que aunque el grupo finalice su segundo mandato, las medidas cautelares de la Comisión siguen y lo que está en discusión ahora es cuál es el mecanismo de seguimiento para estas medidas cautelares. Debe articularse un mecanismo de seguimiento ad hoc nuevo, no como un mecanismo habitual para otras medidas cautelares, que dé seguimiento al trabajo que nosotros hemos hecho y las recomendaciones que hemos planteado para la investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Y eso es lo que está en discusión ahora, la CIDH, en el diálogo con el Estado y los peticionarios, tendrá que articular ese mecanismo que tendrá que incluir según señaló la misma Comisión, visitas al país, hacer informes de seguimiento, el acceso a las información a las víctimas y a todo lo que se necesite para poder hacer una evaluación de las recomendaciones para el seguimiento del caso. Creemos que es muy importante que ese mecanismo esté a la altura de lo que se ha hecho en el caso y del desafío que supone en la búsqueda y en la resolución del mismo pero para que sea efectivo tendrán que superarse los obstáculos que hemos encontrado nosotros.

¿Entonces tú todavía quedas vinculado al GIEI o al caso? 

Bueno, el GIEI no existe más como un grupo, pero los cinco miembros del grupo le hemos dicho a la Comisión que puede contar con nosotros en términos de la discusión sobre el mecanismo de seguimiento, sobre el conocimiento del caso que tenemos y cómo eso puede ser útil para ese mecanismo de seguimiento. No sabemos en términos formales qué pasos se van a dar o cuáles son las decisiones que se van a tomar, pero el grupo sigue pendiente del caso y nos llevamos a la gente en el corazón. Ha sido una experiencia tremenda, por un lado de la investigación y el trabajo que nos ha tocado hacer en este tiempo, y por otro lado la experiencia profunda de sentido humano y de cariño y respeto por los familiares y la gente que quiere impulsar la investigación y la defensa de los derechos humanos en ese país

Por último, ¿crees que esta experiencia del GIEI sería algo bueno para aplicar en casos como el de Berta Cáceres en el que la familia está pidiendo también que haya un grupo de investigación de expertos independientes? ¿Crees que sería algo aconsejable, según tu experiencia?

Yo creo que la experiencia es muy positiva y a pesar de las enormes dificultades que hemos tenido y los obstáculos para poder llegar al final de nuestro trabajo, creo que hay que resaltar al GIEI como una experiencia muy positiva de investigación. Cuando llegamos al país, la confianza de las víctimas con el Estado estaba rota, el caso estaba cerrado, no había más investigación que hacer. Y pesar de las dificultades también ha habido avances muy significativos y la manera en cómo hemos trabajado, más cercana al tiempo real, de una perspectiva más interdisciplinaria, apoyando al Estado a hacer ciertas cosas y a la vez haciendo nosotros parte de la investigación, empujando para una investigación más efectiva; creo que el mecanismo ha resultado muy útil. Y puede ser un mecanismo para otro tipo de casos. Claro que en cada situación habrá que evaluar las circunstancias del caso y lo que sería necesario, pero sí creo que el GIEI muestra una manera novedosa de trabajar, que ha sido útil y efectiva de una perspectiva más integral, y en la que hay logros muy significativos. Entonces, creo que para ese caso [el de Berta] y otros (porque han habido otras gentes que nos han contactado para por lo menos pedir ideas y metodologías de cómo hemos trabajado), es una posibilidad también para el Sistema Interamericano y para otros países, para ver en estos mecanismos una ayuda para resolver casos complicados como estos. Eso nos parece que es una buena noticia y que debería pensarse más con el propio SIDH y con casos de otros países, la posibilidad de mecanismos o las metodologías que hemos usado nosotros, para que sean útiles también para otros casos.

¿Ahora toca descanso o ya estás metido en otro jaleo? 

Las tareas que han estado esperando se agolpan tras la puerta. Estoy haciendo un informe sobre las víctimas saharauis de minas antipersona, y empezando un informe de víctimas del franquismo del País Vasco de una comisión oficial que hemos trabajado en los últimos dos años en documentar casos que nunca habían tenido reconocimiento ni reparación, una pequeñita comisión de la verdad para casos de año 60 al año 78.